sábado, 4 de noviembre de 2017

¿Dónde están los valores cristianos?


Por: Mariana de Althaus

No me considero católica y mis hijos están en un colegio donde casi nadie hace la primera comunión. Conozco a mucha gente que practica los valores cristianos cotidianamente, y casi ninguno es religioso. No me gusta que el Estado destine millones de soles (que tanto necesitamos) a financiar la visita del papa, hombre en quien no creo y que representa una institución religiosa que está en contra de buena parte de las cosas por las que mi familia y yo luchamos. El Vaticano no reconoció como violaciones los actos del director del Sodalicio; luego el Ministerio Público archivó la investigación contra el cura, aduciendo que no había suficientes pruebas de abusos sexuales, a pesar de que numerosas víctimas brindaron sus terribles testimonios. Y ahora, un monseñor declara que la “ideología de género” es responsable de las violaciones que ocurren todos los días en mi país.

Ya estamos acostumbrados a este tipo de estrategias de distorsión de la verdad de parte de autoridades eclesiásticas y políticas. La verdad es que sucede exactamente al revés: si algo promueve las violaciones a los derechos de las mujeres es precisamente la oposición de la Iglesia al enfoque de género. El enfoque de género busca que se consideren, en la educación y en la administración de la justicia, las diferentes oportunidades y tratos que reciben hombres y mujeres. Por lo tanto, un Estado con enfoque de género protege a las mujeres de la discriminación y la violencia. Los países avanzados tienen enfoque de género en sus políticas públicas. La Iglesia está en contra del enfoque de género porque este promueve la independencia de las mujeres y su libertad de elección y pensamiento. La prohibición del sexo sano y la cultura de la represión son, entre otras cosas, responsables de las violaciones, no el enfoque de género. Promover una sexualidad responsable y enseñar a los niños y adolescentes a respetar a las personas tengan el género que tengan, disminuiría las violaciones domésticas, los abortos y los embarazos adolescentes. La Iglesia (y los políticos auspiciados por ella) promueve estas atrocidades al satanizar el enfoque de género y, con esto, desproteger a las millones de mujeres que sufren de violencia en nuestro país. No concibo un espíritu menos cristiano que el de la Iglesia.

Hace poco el congresista Alberto De Belaunde propuso eliminar la obligatoriedad del curso de religión en los colegios y algunos padres pusieron el grito en el cielo, alegando que los valores de la Iglesia son importantes en una sociedad decadente como la nuestra. Yo creo que los valores de la Iglesia (Ojo: no los de Cristo) son precisamente los que hay que combatir. Hay que combatir el machismo, la ideología de la culpa y la represión, y el encubrimiento de los violadores con y sin sotana. Las penas de muerte no funcionan, ya lo ha demostrado la Historia. Lo único que funciona es la información y el enfoque de género. El fanatismo religioso y el cinismo de los políticos financiados por la Iglesia no nos van a permitir salir del terrible tercer puesto de los países con más violaciones en el mundo. Entre los valores cristianos más importantes están la honestidad, la compasión y el respeto al derecho ajeno. Los curas que combaten la igualdad y el enfoque de género no están practicando esos valores. Basta ya.

(Opinión de Mariana de Althaus censurada por la Fundación BBVA Continental)

lunes, 7 de agosto de 2017

Las Esterilizaciones en el Perú, una historia que no debe repetirse



Por la Doctora Maita García Trovato

Entre los años 1995 – 2000, según cifras oficiales, se hicieron en el Perú 331,601 ligaduras de trompas y 25,590 vasectomías. La cifra podría haber sido mayor en atención al subregistro cuya existencia hoy conocemos. Para hacer esto posible fue necesario cambiar la Ley de Población que prohibía la esterilización y el aborto como métodos de planificación familiar. Pero hubo además toda una estrategia destinada a imponer y privilegiar éste por encima de cualquier otro método. Así, se cambió la Ley General de Salud para prohibir la objeción de conciencia y decretar la gratuidad absoluta sólo para evitar nacimientos, se sustituyó el nombramiento de médicos por la contratación de los mismos en períodos no mayores de tres meses renovables y se designó un Ministro de Salud no médico para evitar su sujeción al Colegio Médico del Perú y a sus normas éticas. 

PRESENTACIÓN

Las familias peruanas presentan una composición, una estructura y relaciones entre sus integrantes variadas, tanto como son las distintas culturas que existen en el país. Los cambios sociales se expresan al interior de la dinámica familiar.

En el Perú tenemos una realidad multilingüe y pluricultural. Existen 56 lenguas nativas. Entre las principales encontramos las de origen andino ( quechua y aymara ), utilizadas por siete y medio millones de personas aproximadamente. Otras 300,000 personas hablan lenguas de origen amazónico, pertenecientes a doce familias lingüísticas. Si bien se calcula que un 70% de la población peruana habla castellano, hay que tener en cuenta que un 16% de ella es bilingüe o sólo se expresa en su idioma nativo.[2]

La familia extensa o ampliada es de particular importancia en las comunidades andinas pero la familia nuclear es la unidad básica en esta sociedad. Otorga el estatus de comunero al varón adulto y facilita la transmisión de bienes, títulos, posición, nombres y hasta habilidades productivas. La mujer es valorada – como ocurre con todos los miembros de la familia – de acuerdo a la función que desempeña en las estrategias de sobrevivencia y es insustituíble al interior del grupo en función de su maternidad : ella traerá al mundo a los hijos y se encargará de su cuidado básico, transmitiéndoles los valores, creencias y pautas culturales que a su vez recibió de su madre.

Las mujeres campesinas viven en un medio rural que les es natural y dentro de una cultura que, a pesar de sus muchas limitaciones, les es propia. Se mueven en su medio y actúan en él con familiaridad. Acogen con facilidad los roles que se les impone sin resistencia ni protesta, aún cuando adviertan que sus posibilidades queden limitadas. No están acostumbradas a tomar parte en las decisiones que les atañen. Su única riqueza son sus hijos.

Ninguna de estas consideraciones fue tomada en cuenta en la programación de las campañas de planificación familiar cuando la variedad en la oferta de métodos de anticoncepción empezó a disminuir y se concentró en las esterilizaciones..Las campañas eran focalizadas hacia las regiones indígenas, aunque allá no se puede hablar de “sobrepoblación”. En algunas regiones, el terrorismo ha diezmado las familias considerablemente. “Queremos tener más hijos para reemplazar a los niños que el Sendero nos ha robado”, dicen los ashaninkas que viven en la región amazónica donde 40% de las comunidades desaparecieron.

La conclusión que los ashaninkas sacaron de las campañas masivas fue : “quieren terminar con nosotros” ...

Pero tampoco se respetó la cosmovisión andina que subyace la mentalidad de sus habitantes. Se atropelló así una serie de características propias de uno de los grupos culturales más importantes del país. Este menosprecio hacia la población local se vió en el proceso de todas las campañas como la circunstancia de enviar personal médico ajeno a la población que no hablaba la lengua nativa ni entendía la idiosincracia propia de los lugareños. Entre muchas características que se pasó por alto señalaremos algunas particularmente significativas:
- Ignorar la concepción del tiempo de las comunidades andinas, completamente distinta a la nuestra. Viven el universo con un sentido más bien cíclico, al día sigue la noche, la cosecha a la siembra, etc. de manera tal que para ellos todo lo que se va vuelve y todo se repite. No programan o planifican el futuro, viven y sobreviven el presente. Lo que pasó ayer y lo que pasará mañana no tiene tanta importancia en este concepto circular del tiempo. Hoy pueden decir “no quiero tener más hijos” y nadie puede asegurar qué pensarán mañana. No hay una idea cabal de lo que significa irreversible o definitivo. Cuando han descubierto que nunca más tendrán un niño propio se han sentido enojados, tristes y engañados.
- El valor de la integridad física dentro de las comunidades. Inclusive, tienen que estar realmente muy adoloridas, muy enfermas, para aceptar una operación. Este solo hecho hace más que cuestionable aceptar que algo más de 300,000 personas hayan aceptado ser intervenidas quirúrgicamente sin mediar presión alguna, incentivos o amenazas y existiendo, según dicen los Manuales, la oferta de todos los otros métodos de anticoncepción. Para ellos, el cuerpo es un factor muy importante y el sólo hecho de haber sido víctimas de un corte ha causado perturbación. Muchas sienten que han sido – y realmente es así – lesionadas corporalmente y no quieren ir más al médico porque “les hizo un daño”...
- La falta de capacidad para decidir por cuenta propia o, lo que es lo mismo, la fácil influenciabilidad de estas poblaciones. Uno de los médicos entrevistados hablando del valor que podía tener o no el consentimiento de las pacientes nos decía “ella mira, si la técnica dice que sí, la enfermera dice que sí, la obstetriz dice que sí, el médico dice que sí ... ella también va a decir que sí”.
- El vínculo existente en la mentalidad colectiva entre fertilidad personal y fertilidad del campo. Como para reforzar este sentimiento es de conocimiento público que al mismo tiempo que sucedían las campañas se empezaba a sentir el abandono del agro por parte del gobierno. No es extraño que muchas campesinas sientan como una unidad la “sequedad de sus cuerpos” y la “sequedad de sus campos” y piensen que si consiguen tener un hijo, sus tierras volverán a ser fértiles ... Se sienten avergonzadas y culpables ante la comunidad y ante sus propios esposos que ya no las consideran como antes de ser ligadas.
- La poca costumbre de la mujer andina de defender sus derechos. Desde niñas sólo saben de deberes. De pequeñas, protegidas y sujetas a sus padres; de casadas, a sus esposos. No están entrenadas para defenderse de las agresiones, particularmente si éstas vienen de la mano de personas que se les han presentado como benefactoras. Cuando han descubierto el engaño y las violaciones de los que han sido objeto, la mayoría han empezado a presentar una serie de somatizaciones que van desde dolores de cabeza y dolores corporales varios hasta incapacidades funcionales. Otras presentan cuadros depresivos de severidad variable.
- Su sentido del pudor y la falta de familiaridad con actos médicos y procedimientos quirúrgicos. Esto se pone en evidencia cuando algunas se quejan de que no van a ser las mismas por haber tenido que desnudar su vientre y sus genitales ante los ojos de hombres desconocidos. Otras han vivido la operación como una “experiencia mítica” : “primero nos hicieron morir (anestesia ), más tarde nos resucitaron”.

LEGISLACION PERUANA y POLITICA DE POBLACIÓN

El gobierno del Presidente Alberto Fujimori, poco tiempo después del autogolpe del 05 de Abril de 1992, declaró el decenio 1992-2002 como "Década de la Planificación Familiar", denominación aprobada por Resolución Ministerial Nº 0738-92-SA/DM, del 02 de Diciembre de 1992.

La secuencia de cambios legislativos de mayor importancia, relacionados con esta preocupación gubernamental por la planificación familiar, sucedidos en su período fueron los siguientes:

1995.- El Ministerio de Salud reorientó e impulsó el Programa "Mujer, Salud y Desarrollo", creado en 1990 y aún vigente, el cual considera el enfoque de género como orientador de las actividades de salud relacionadas con la mujer.

1995.- Se modificó la "Ley General de Población" para permitir la esterilización como método de planificación familiar y adecuarse a los objetivos y estrategias de la Política Nacional de Población ( Ley Nº 26530, del 09 de Setiembre de 1995 ). Hasta entonces la esterilización y el aborto estaban expresamente prohibidos como métodos de anticoncepción.
1996.- En Febrero de 1996 el Ministerio de Salud aprobó el "Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000", instrumento de política que reconoce la salud reproductiva como un derecho humano y social fundamental. Este programa incorpora en su contenido el lenguaje y la orientación de equidad de género y considera la situación social y económica de las mujeres como condicionante de la salud reproductiva. Asimismo, subraya la gratuidad, tanto de los servicios como de los métodos anticonceptivos, incluyendo la cirugía de esterilización.

1996.- Creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
( Octubre, 1996 ) que cuenta como una de sus funciones "velar por el cumplimiento de los programas y las plataformas de acción suscritos por el Perú en las conferencias mundiales relativas al desarrollo humano..."

Uno de los primeros organismos transferidos al fuero de control de este Ministerio fue el Consejo Nacional de Población. Otra de sus funciones es impulsar la ideología de género - que en la práctica se traduce en la banalización de conductas sexuales alternativas - proponiendo el empoderamiento de la mujer, así como concientizar a las mujeres y "crear la demanda de servicios de planificación familiar que será cubierta por el Ministerio de Salud".

1997.- Se promulgó la "Ley General de Salud" con las "novedades" siguientes:
- el único servicio gratuito garantizado por ley, es el suministro de la más amplia gama de anticonceptivos y la anticoncepción quirúrgica (esterilización);
- para el caso específico de la esterilización -considerándose un derecho de la persona- sólo se requiere el consentimiento escrito de él (la) usuario (usuaria)
- se da acceso al empleo de técnicas de reproducción asistida con la única salvedad de que la madre genética y la madre gestante sean la misma persona;
- se elimina la posibilidad de la objeción de conciencia, por la cual los profesionales de la salud podían antes oponerse a llevar a la práctica procedimientos reñidos con sus creencias y normas morales.
LAS “ AQV”s
En las últimas conferencias internacionales organizadas por Naciones Unidas – la de Población ( El Cairo, 1994) y la de la Mujer ( Pekín, 1995) – se discutió una serie de temas que debían ser considerados para mejorar la situación de las mujeres del mundo. La necesidad de promover el acceso a la educación de las niñas; velar por las condiciones de su nutrición y su salud; revisar el ordenamiento legal en materia laboral para que un mayor número de mujeres tuvieran la oportunidad de trabajar y salir de su condición de pobreza extrema; luchar decididamente contra la explotación de la mujer, combatiendo desde la pornografía hasta la prostitución, fueron puntos prácticamente de consenso y pasaron a la Plataforma de Acción sin mayores reservas.

Pero hubo también temas profundamente controversiales que provocaron reserva expresa de muchos Estados participantes. En una y otra de las reuniones mundiales mencionadas se trató con insistencia de introducir por ejemplo conceptos como “salud reproductiva”, “derechos sexuales de los adolescentes”, “perspectiva de género” y “despenalización del aborto”, para poder incluir este último en el listado de métodos de control de la natalidad.

Curiosamente, los temas de consenso han sido muy poco trabajados en los diferentes países, a pesar de que en la mayoría la condición socio-económica de las mujeres no ha mejorado ciertamente después de El Cairo y Pekín.

Una de las razones para este poco empeño en cumplir la llamada Plataforma de Acción en los puntos consensuales que sí preocupan a todas las mujeres, radica en que la cooperación externa destinó sumas millonarias para todos los programas relacionados con política de población, incluyendo esterilizaciones, educación sexual orientada hacia la introducción de la perspectiva de género y, una cada vez más abierta, promoción del ejercicio de la sexualidad adolescente.

En este contexto, al asumir su segundo mandato, el Presidente Fujimori anunció, en un encendido discurso del 28 de Julio de 1995, que llevaría a cabo un agresivo programa de control de la natalidad.

Aprobada la Ley, el Ministerio de Salud puso en marcha una campaña intensa orientada a promover la esterilización masiva de la población, con especial énfasis en mujeres pobres de las zonas rurales de la sierra, selva y zonas urbano marginales de nuestro país, con la participación simultánea de USAID, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la intervención de diversas ONGs.

El 1° de Julio de 1996, el diario “La República” publicó el anuncio de que el “Gobierno empieza en provincias su plan masivo de esterilización”, dando cuenta que la primera experiencia había sido llevada a cabo en Puno y que el objetivo había sido la captación de tres mil personas para este método de anticoncepción irreversible... Asímismo, se detalla el plan piloto elaborado para las localidades de Sayán y Oyón en el cual destaca la utilización de niños de primaria para motivarlos “a incentivar a sus madres” a someterse a estas intervenciones y a “identificar a los niños con tres hermanitos o más...”[3]

De inmediato, en la edición del día siguiente, funcionarios del gobierno negaron todo lo afirmado, aunque los hechos lo corroboraron después.

El primer paso para priorizar la esterilización como método anticonceptivo fue pues la realización de Festivales de la Salud en los que, mediante pancartas, ferias y otros medios, se promocionaba la esterilización gratuita. En muchos casos no sólo se utilizó la promoción del método. También se recurrió a mecanismos de presión de diferente tipo. Se aprovechó de la ignorancia y docilidad de la población efectuando en ocasiones “barridos” casa por casa, caserío por caserío, en condiciones médicas deplorables y a veces bajo amenaza de suspender programas de asistencia alimentaria o privar de atención médica a los niños.

QUEJAS Y DENUNCIAS

A partir de Diciembre de 1995 empezaron a escucharse las primeras quejas que se convertirían en denuncias formales hasta motivar investigaciones a nivel nacional [4] e internacional. En unas y otras el denominador común fue el señalamiento de la falta de garantías para la libre elección; tendencia compulsiva en la aplicación del programa recurriendo a incentivos y/o amenazas; puesta en marcha de festivales o campañas de anticoncepción quirúrgica privilegiando este método definitivo más allá de cualquiera otra opción; establecimiento de “metas” – cantidad de mujeres que deberían ser esterilizadas – y, más aún, de “cuotas de captación” para el personal de salud en sus diferentes niveles [5]; y, las condiciones en que se llevaba a cabo el mismo acto quirúrgico : locales inadecuados, personal no capacitado, ausencia o deficiencias en el seguimiento posterior a la intervención, etc.

Los oponentes de la campaña de esterilización constituyeron una sorprendente alianza, sin precedentes en la historia del Perú. Grupos de la Iglesia Católica, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales feministas, grupos pro vida y de derechos humanos se unieron para oponerse a la campaña anti vida y contraria a la libertad. Los grupos presentaron y documentaron numerosos y graves problemas, incluyendo el hecho de que la campaña estaba coaccionando a las mujeres de bajos recursos, que ni siquiera estaba siguiendo las más mínimas pautas de la medicina, y que les había causado la muerte a por lo menos 18 mujeres que habían sido forzadas a someterse a estas intervenciones.
El Population Research Institute ( PRI) envió un investigador y un equipo de camarógrafos al Perú a finales de enero de 1998 para documentar los abusos de la campaña. El reportaje del PRI ayudó a generar suficiente interés por parte del Congreso de EE.UU. de tal manera que se obtuvieron audiencias públicas en las cuales se presentaron testigos del Perú.
El gobierno peruano negó la existencia de planes esterilización, cuando el Defensor del Pueblo, líderes de derechos humanos y la Iglesia pidieron explicaciones y exigieron una reforma a los planes de control de natalidad.
En 1998, Jorge Parra, director del programa de Planificación Familiar y de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud del Perú, confesó oficialmente dos cosas devastadoras. Dijo que era "obvio" que el gobierno no iba a lograr alcanzar la "meta" de 78.000 ligaduras de trompas para 1998. Esta fue la primera vez que un funcionario peruano admitía que el gobierno había fijado metas anuales para el programa. En segundo lugar, Parra anunció que el Ministerio había terminado sus "festivales de esterilización", cuya existencia el gobierno había negado previamente.
El PRI y otros grupos de derechos humanos lograron documentar el hecho de que las campañas comenzaron después de que el gobierno del Presidente Alberto Fujimori obligara a la legislatura peruana a cambiar la ley, de muchos años por cierto, que prohibía el uso de la esterilización o del aborto como medios de "planificación familiar" en el país.
Los planes para las campañas comenzaron en Lima, donde los funcionarios usaron criterios económicos y sociales para elegir el sector del Perú que iba a ser sometido a la esterilización. Las áreas elegidas casi siempre eran pobres y pobladas principalmente por peruanos cuyos ancestros eran nativos. Cuando se terminó el plan, el Ministerio reunió a los funcionarios locales en la región y ellos comenzaron a buscar a las mujeres para ser esterilizadas. Según lo documentado, las tácticas que se usaron para lograr que las mujeres aceptaran la esterilización incluyeron los incentivos, el acoso, las amenazas y la intimidación. Los funcionarios frecuentemente ofrecían alimentos y algunas veces ropa a mujeres paupérrimas y a familias que estaban pasado hambre a cambio de la esterilización.
Ninguna de las mujeres que el PRI entrevistó como parte de su investigación, dijo que le habían permitido dar ni siquiera algo parecido al consentimiento informado al procedimiento. El PRI logró documentar casos de mujeres que ya estaban colaborando con el movimiento en pro del control demográfico al consentir que las vacunaran con la Depo-Provera cada tres meses, y que luego les dijeron que las vacunas iban a ser "descontinuadas" y que ahora debían aceptar la esterilización.
Cuando se le preguntó acerca de esta política particular al Dr. Eduardo Yong-Motta, ex Ministro de Salud durante el comienzo de las campañas y Consejero del Presidente Fujimori en asuntos de Salud, éste respondió al PRI que "la Depo-Provera era muy cara". Luego añadió que al gobierno le preocupaba que las mujeres se "olvidasen" de venir a recibir la vacuna o aún de que decidiesen que no querían recibirlas más.

La Defensoría del Pueblo está investigando una creciente lista de acusaciones hechas por mujeres víctimas de esta política o por familiares de las mismas.

La magnitud de las denuncias, la comprobación de muchas de ellas y la participación activa de fondos provenientes de los Estados Unidos en el financiamiento del programa, motivó que el Congreso de los EE.UU. sancionara la llamada “Enmienda Tiahrt” [6] regulando la utilización de fondos de la USAID por el gobierno peruano.

La Enmienda Tiahrt impuso las pautas para los programas de planificación familiar en otros países, prohibiendo que los fondos de "planificación poblacional" de los EE.UU sean utilizados por los programas que violen dicha ley. Para calificar para recibir ayuda de los EE.UU, los programas de planificación familiar en otros países no pueden pretender cumplir con cuotas o blancos de participación. Los programas o los gobiernos que reciben dicho apoyo para planificación familiar no pueden presionar ni sobornar a las mujeres para que acepten métodos de planificación familiar que no desean. Los gobiernos encargados de los programas de planificación familiar no pueden sancionar a las mujeres que se rehusen a utilizar la planificación familiar restringiendo su acceso a otros programas o beneficios gubernamentales para cuales serían elegibles. Los programas de planificación familiar extranjeros tienen la obligación de informar a las mujeres totalmente en su idioma materno, sobre las medidas alternativas de planificación familiar, incluyendo los así llamados métodos naturales. Deben informarlas completamente sobre los posibles efectos secundarios que pueden tener las drogas o los dispositivos anticonceptivos. Finalmente, los programas de planificación familiar en otros países que estén probando una droga o un dispositivo nuevo, o analizando su potencial de venta en el mercado de una comunidad o área especifica, deben informar a las participantes que están formando parte de un estudio antes de comenzar a utilizar dicho método.

El Population Research Institute realizó una segunda visita al Perú, el 1 de diciembre 1999. Al volver presentó un informe indicando que la Enmienda Tiahrt, la nueva ley estadounidense que regla la financiación de programas sobre poblaciones en el extranjero, no se respetaba en el Perú.
La USAID seguía enviando dinero al gobierno peruano, para su planificación familiar y medidas contraceptivas tal y como lo hicieron en 1997. Así que nada ha cambiado con respecto a la financiación.”...
Pero, según algunos congresistas en Washington, una cosa sí ha cambiado. Dados los abusos continuos, ahora es ilegal la financiación del gobierno peruano por la USAID.

EL PROBLEMA DE LA NORMATIVIDAD DE LAS “AQVs”

Las críticas en torno a las actividades de anticoncepción quirúrgica voluntaria, antes de la modificación de la ley de población que la legalizó e inmediatamente después de la misma, estuvieron centradas en posiciones ideológicas o confesionales frente al tema de la esterilización y a la flagrante violación de derechos humanos cuando se empezó a conocer que podrían estar siendo forzadas o de carácter masivo.
Hasta ese momento se escuchaban algunas voces de protesta.

Sin embargo, poco a poco, empezó a haber una creciente conjunción de denuncias provenientes de muy diversas organizaciones. Ya no era sólo la Iglesia o grupos vinculados con ella. Se empezaba a sentir preocupación en colegios profesionales, organismos de derechos humanos, feministas, foros internacionales, etc...Qué estaba pasando con la política de población en el Perú ?

Ahora las críticas se relacionaban más bien con el modus operandi. Esto es, se empezó a hacer público el rechazo a aspectos muy concretos que tenían que ver con las formas de “captación” de personas; incentivos al personal de salud; ausencia de evaluaciones pre-operatorias; asepsia mínima y condicionamiento de quirófanos; anestésicos empleados; cuidados post operatorios; seguimiento adecuado de las personas intervenidas, etc. Aspectos que, a nuestro entender, tenían que haber sido considerados en un manual de procedimientos...

Pero, había un manual ?
Repasando lo ocurrido en forma muy suscinta podemos reseñar lo siguiente:
En 1995, año de la legalización de la anticoncepción quirúrgica, las esterilizaciones se incrementaron ostensiblemente.

En 1996, primer año de “campañas”, las cifras triplican las del año anterior. Si se incluye las esterilizaciones realizadas por el entonces IPSS (hoy ESSALUD), las fuerzas armadas y policiales, cuadruplican las cifras de 1995.
En 1997, hay otro incremento fuerte y se alcanza a 100,000 esterilizaciones.

Buscando la normatividad que debió enmarcar estas acciones, encontramos una resolución ministerial - R.M. N° 071-96 SA/DM del 06 de Febrero de 1996 – que autoriza el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, sin establecer ninguna precisión específica sobre las AQVs.

El primer “Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” fue elaborado en 1997, y nunca fue publicado oficialmente.

Recién en Enero de 1998 se hace la publicación de una primera revisión de este manual y se aprueba por Resolución Directoral N° 001-98-DGSP. El tercer manual, fruto de una segunda revisión, se aprobó en Diciembre de 1998 por otra Resolución Directoral. Más adelante, en 1999, se aprobaría un cuarto manual en atención a recomendaciones y exigencias de organismos como la Defensoría del Pueblo y el Colegio Médico, entre otros.

Quiere decir que las esterilizaciones llevadas a cabo en el período comprendido entre 1995 y buena parte de 1998, se hicieron sin contar con un Manual de Normas y Procedimientos aprobado oficialmente. Es más, las “Normas para la calificación de Puntos de Entrega de Servicios de AQV” así como las “Normas para la calificación de Médicos Cirujanos para AQV” , aparecieron el 05 de Noviembre de 1998, lo que podría contribuir a explicar muchas de las deficiencias denunciadas.

Lamentablemente, también ilustra qué poco respeto mereció la aplicación compulsiva de esta política que, llamándose “de salud reproductiva”, tenía como objetivo impedir la reproducción.

CONCLUSIONES

- A partir del segundo semestre de 1995 se inició en el Perú una intensa campaña de una “planificación familiar “ que privilegió la anticoncepción quirúrgica por encima de cualquier otro método habiéndose registrado algo más de 300.000 intervenciones de este tipo en el período comprendido entre los años 1995-2000, según estadísticas oficiales;

- Está demostrado que esta campaña fue diseñada y monitoreada directamente desde la Presidencia de la República habiéndose llevado a cabo reuniones para su organización y compromiso de cumplimiento obligatorio convocadas y con asistencia del propio Jefe de Estado;
- Se utilizó como estrategia la captación de personas manipulando su condición de extrema pobreza y desinformación ejerciendo varios tipos de presiones, desde el acoso domiciliario en forma de visitas reiteradas hasta promesas de incentivos diversos consistentes en alimentos, atención para sus hijos, etc.;
- Cuando estas técnicas no resultaron efectivas se recurrió a las amenazas siendo las más constantes, que en el futuro no tendrían derecho de pedir atención médica para sus hijos, que los niños que nacieran no serían inscritos y que no serían beneficiarios de ninguno de los programas de asistencia del Ministerio de Salud;
- En algunos casos se llegó a utilizar como mecanismo de coacción la amenaza representada en las comunidades por las autoridades policiales; en otros se anunció que el Ministerio de Salud había suprimido la entrega de métodos anticonceptivos temporales y, en muchos, se aludió directamente a que se trataba de órdenes del Presidente de la República y que por esa razón se ejecutaban sin costo alguno;
- En algunos pocos casos, las personas fueron convencidas de que la AQV era lo mejor para ellas y dieron su consentimiento; en la mayoría, no llegaron a entender a cabalidad en qué consistía la intervención ni mucho menos su carácter de irreversible, existiendo señoras que confiaban en que la ligadura era pasible de “desatada” cuando quisieran tener un niño;
- Entre las prácticas contrarias al derecho de las personas a efectuar denuncias se utilizó la presión, el amedrentamiento hacia los denunciantes, la negativa de los organismos pertinentes para recepcionar sus reclamos y se llegó al extremo de ofrecer dinero al cónyuge sobreviviente a cambio de silenciar el fallecimiento de su esposa como consecuencia de la AQV;
- Se utilizó un tipo de publicidad engañosa que ofrecía la felicidad y el bienestar como consecuencia de estas intervenciones; hoy las personas esterilizadas distan de ser más felices o estar en mejores condiciones económicas y se sienten estafadas;
- Las metas de programación indispensables para todos los programas fueron rápidamente transformadas en cuotas de cumplimiento obligatorio para cada profesional y cada establecimiento de salud;
- También hubo incentivos para profesionales de la salud que consiguieron esterilizar a un mayor número de personas, así como se sancionó a quienes no llegaron a cumplir las cuotas establecidas;
- Las AQVs ocurrieron a partir del segundo semestre de 1995 sin existir normatividad específica acerca de cómo, dónde, cuándo, en qué condiciones y por quién debían ser ejecutadas, demostrando este solo hecho un atropello a la dignidad de las personas;
- Los primeros manuales de procedimientos para estas intervenciones aparecieron en Enero de 1997 y las normas que debían reunir los locales para su ejecución así como la capacitación técnica, recién vieron la luz en el mes de Noviembre de 1998, por lo que no es de extrañar que se hayan realizado sin contar con requisitos mínimos indispensables para todo acto quirúrgico, tanto en lo que atañe a locales como a profesionales capacitados;
- Más de la mitad de los establecimientos evaluados en los cuales se realizó actividades de anticoncepción quirúrgica no cumplía con los requerimientos mínimos para desarrollar las mismas, según los manuales vigentes.

RESPONSABILIDADES

Como en toda comisión de delitos continuados derivados de la aplicación de políticas de Estado, tenemos que establecer las responsabilidades de los autores intelectuales de aquellas y las correspondientes a los ejecutores de las mismas. Esto, dentro del ámbito nacional.

Sin embargo, a criterio de la Comisión, tampoco podemos ignorar que este accionar de atropellos y violación a los Derechos Humanos, no hubiera sido factible de no mediar la asistencia de los organismos de cooperación externa que financiaron en su casi totalidad los programas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Habida cuenta que estas acciones “de salud” se ejecutaron en condición de gratuidad total es imposible asumir que sus costos fueron asumidos por el Estado peruano, más aún si consideramos que se dieron en un momento en el cual se había dispuesto que los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud financiaran sus gastos bajo la modalidad de ingresos propios convirtiendo al programa de planificación familiar – y concretamente a la anticoncepción quirúrgica – en el único servicio gratuito ofertado a la población.

Hoy sabemos que USAID fue la mayor fuente de financiamiento de estos programas contribuyendo en siete veces más que el segundo mayor financiador representado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Una sola de las ONGs ejecutoras (REPROSALUD – Manuela Ramos) recibió de USAID 25 millones de dólares entre 1995-2000 para estos fines.

Existen claros indicios de que la anticoncepción quirúrgica voluntaria tuvo como principal autor intelectual al ex presidente Ing.Alberto Fujimori Fujimori. Desde su encendido discurso del 28 de Julio de 1995, sus reiteradas reuniones para promover esta práctica, el reporte semanal que se le hacía de este programa, la participación de la Jefatura de la Casa Militar de Palacio de Gobierno en la provisión de suministros, hasta el comentario del propio personal de Salud, varias veces citado – “eran órdenes del Presidente de la República” - todo confluye en señalar que su interés personalizó estas directivas. A pesar de la destrucción de una serie de documentos oficiales hemos conseguido rescatar 56 claramente probatorios de por lo menos “asociación ilícita para delinquir” ...

Los Ministros de Salud del período comprendido de 1995 al 2000, que negaron ante el Congreso de la República y la ciudadanía que esto estuviera sucediendo, como responsables de la política del Sector, son considerados también comprometidos, así como los Directores del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y los Directores Regionales de Salud, con responsabilidades variables según su grado de participación.
En atención a lo expuesto, consideramos un deber recomendar:
- La esterilización por motivos eugenésicos o razones demográficas es moralmente inaceptable y es motivo de vergüenza para la humanidad constituyendo delito tipificado a nivel internacional;
- Las políticas de Estado no deben reincidir en el error de asumir decisiones que sólo corresponden al ejercicio libre e informado de cada familia;
- Cualquier atropello o coacción o programa destinado en forma particular a vulnerar los derechos de un grupo étnico particular debe motivar la denuncia inmediata del mismo;
- Cualquier mecanismo de presión, coacción o amenaza de privar a una persona o a sus familiares de ser beneficiario de otro programa social condicionándolo a su aceptación de un método de planificación familiar debe ser inmediatamente denunciado y sancionado de manera ejemplar;
- Debe quedar terminantemente prohibido proceder a la ligadura de trompas en pacientes que son intervenidas por cualquier otro motivo ( cesárea o post aborto ) a menos que esté en riesgo su vida;
- El Estado deberá disculparse ante las comunidades afectadas, comprometerse a que en esta nueva gestión la concepción de la dignidad de la persona humana es su fin supremo y asumir la responsabilidad que le cabe en los lamentables hechos ocurridos que será establecida por el Poder Judicial, identificando personas pasibles de sanción y víctimas que deberán ser objeto de reparaciones;
- Contemplando lo ocurrido en el Perú que ha ocasionado tanto dolor a tantos, se solicita una revisión de la legislación vigente en materia de políticas de población y propone al Ministerio de Salud la capacitación de personal y la difusión de métodos naturales de regulación de la fertilidad que no entrañan peligros para la integridad personal, respetan la dignidad humana y el valor de la familia.

Finalmente, quisiéramos evocar desde aquí las palabras de Mons. Augusto Beuzeville Ferro ante estos hechos :

“Quienes asuman responsabilidades de gobierno, que nunca más permitan siquiera diseñar un programa semejante; quienes trabajan por la salud, que no olviden el fin supremo de su profesión : el preservar al ser humano; y, que todos los ciudadanos del mundo, vivamos comprometidos con nuestra propia esencia : la Vida”.
[1] Miembro de la Comisión Investigadora de las Actividades de AQV del Ministerio de Salud
[2] Pilar Dughi y cols. : “Salud Mental, Infancia y Familia”,1995 / págs. 42-43
[3] se adjunta copia del archivo periodístico
[4] Defensoría del Pueblo, Conferencia Episcopal Peruana, Colegio Médico del Perú y CLADEM-Perú
[5] La Ley N° 26842, Ley General de Salud, del 15 de Julio de 1997, eliminó la objeción de conciencia que permitía la oposición a llevar a la práctica actos reñidos con creencias y normas morales del personal de salud
[6] Aprobada como Ley el 22 de Octubre de 1998


Publicado originalmente por Martín Tantaleán

lunes, 30 de mayo de 2016

Fujimori y la autoestima nacional


Por Fernando Berckemeyer

Más allá de la discusión acerca del nivel de certeza con el que se probó (o no) su participación en los crímenes contra los derechos humanos por los que ha sido condenado, resulta sorprendente el nivel de apoyo que todavía tiene Alberto Fujimori en nuestra sociedad. Porque Fujimori, además de presidir el gobierno que objetivamente acabó con el terrorismo y la hiperinflación escatológicos de los ochenta, también acabó, eficacísimamente, con las instituciones que existían para dividir el poder y garantizar nuestros derechos —los de todos y cada uno—, hasta que no hubo en el Perú proceso judicial ni administrativo importante que se resolviese en contra del querer de sus lugartenientes, ni (salvo excepciones) prensa que nos informase de nada contrario a sus intereses, ni Jurado Nacional de Elecciones que contase nuestros votos, ni contralor que controlase sus gastos, ni Congreso que lo fiscalizase, ni Tribunal Constitucional, ni nada que no fuese su voluntad.

Es decir, nos salvó de estar a la merced del terrorismo y la hiperinflación, como dicen sus admiradores. Pero solo para que pasásemos a estar a su merced.

Una vez nos tuvo ahí, no ejerció discreción alguna en su desprecio. No es hipérbole: está todo grabado, surrealistamente.

Nuestros representantes eran comprados con maletines de dinero para que hicieran solo lo que él quería. A nuestros periodistas les dictaban "las noticias" que nos contarían a cambio de más maletines. Nuestros generales recibían sus órdenes del espía que fuese declarado traidor a la patria y cobraba cupos a narcotraficantes. Y nuestros empresarios negociaban su apoyo al presidente a cambio de que la justicia les resultase propicia. 

Sin embargo, a nadie trató Fujimori con más desprecio que a los más pobres. A ellos los trató con pan y el baile del "Chino", pan y diarios chicha para los instintos más rastreros, pan y Laura Bozzo, pan y colegios sin profesores, pan y tecnocumbia, tecnocumbia y fraude electoral; convirtiendo al Perú en una especie de gigantesco Trampolín a la Fama (pero sin la calidez de Ferrando), donde los pobres entregaban su dignidad a cambio de regalos.

Es decir, nos salvó, pero para pasar a envilecernos.
Por eso el fujimorismo es un excelente termómetro de nuestra falta de autoestima como sociedad. No es coincidencia que sus núcleos más duros de apoyo estén en los sectores más altos (donde muchos no creen en nuestra viabilidad como sociedad libre) y en los más bajos (donde a tantos otros se les ha enseñado que el bienestar es algo que decide regalarnos un todopoderoso papá-gobernante).

Y es que hay que tener poca autoestima para contentarnos con que nos tengan seguros y bien (o al menos, mejor) alimentados, pero sometidos, desinformados y sin más derechos que los que nuestro "protector" nos quiera reconocer, como tiene al ganado su pastor. No en vano lo que el gobierno de Fujimori atacó sistemáticamente —nuestra libertad y nuestra capacidad de pensamiento propio (cuando buscaba comprarnos y cuando buscaba embrutecernos)—son acaso las dos cosas que más definen nuestra dignidad de seres humanos.

Con el fujimorismo no se juegan, en el fondo, como muchos parecen creer, solo valores abstractos como la institucionalidad o el derecho. Se juega algo tan personal como la piel que nos cubre y tan básico para el desarrollo como la seguridad y el crecimiento: nuestro autorrespeto.


Publicado el 15 de abril del 2009 en El Comercio

martes, 24 de mayo de 2016

Pronunciamiento de Historiadores contra el retorno del fujimorismo (2016)


Como cada cinco años, los peruanos debemos tomar nuevamente una decisión difícil. Después de una primera vuelta electoral con cerca de veinte candidatos y un proceso poco transparente, enfrentamos la posibilidad de que Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se convierta en Presidenta de la República. Quienes –como ciudadanos y académicos– vivimos el fujimorismo de la década de 1990, y hemos seguido el desempeño de la señora Fujimori y su entorno en este proceso electoral, consideramos que su victoria representaría un retroceso para el Perú.

Hoy recaen sobre varios líderes de Fuerza Popular sospechas muy sólidas sobre actos delictivos similares a los que hicieron del gobierno de Alberto Fujimori uno de los más nefastos para la democracia y el manejo de los recursos del país. Ello sugiere que un eventual gobierno de Keiko Fujimori, que además contaría con una mayoría parlamentaria absoluta, privilegiaría la impunidad y el autoritarismo por sobre la justicia, la autonomía de poderes y la libertad de expresión, tal como ocurrió con el gobierno de su padre, quien hoy cumple condena por corrupción y crímenes contra los derechos humanos.

Por ello, los abajo firmantes levantamos nuestra voz ante la posibilidad de que Keiko Fujimori pueda convertirse en la próxima presidenta del Perú. Estamos convencidos de que si esto ocurre, los avances conseguidos en institucionalidad y respeto a los derechos humanos estarían en grave peligro. Tal como ocurrió en la década de 1990, la ciudadanía, el Estado y la sociedad civil quedarían expuestos a la acción de mafias, en particular las relacionadas con el narcotráfico, que destruirían lo obtenido desde el retorno de la democracia en 2001.

Invitamos a los ciudadanos a unirse a esta campaña para evitar que el país regrese a una etapa de incertidumbre política, irrespeto a los derechos humanos y descrédito internacional.

Lima, 22 de mayo de 2016.

Cristóbal Aljovín de Losada (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Cayetana Adrianzén Ponce (New York University)
Raúl Adanaqué Velásquez (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Gabriela Adrianzén (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Javier Aguilar Santur (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Carlos Aguirre (University of Oregon)
Jimmy Aguirre Morales (Universidad Científica del Sur)
Magally Alegre Henderson (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Dante Álvarez Rodríguez (Universidad Nacional Federico Villarreal)
María Elena Arce (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Ybeth Arias (El Colegio de México)
Fernando Armas Asín (Universidad del Pacífico)
Víctor Arrambide (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Maribel Arrelucea Barrantes (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Alberto Atúncar (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Eduardo Barriga Altamirano (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Jorge Bayona (University of Washington)
Jorge Bedregal La Vera (Universidad Nacional San Agustín)
Ericka Beizaga Salvatierra (Universidad Nacional Federico Villarreal)
Emil Beraun (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Betford Betalleluz (Universidad Antonio Ruiz de Montoya)
Ana Luisa Burga (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Manuel Burga (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Alonso Campos Zevallos (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mónica Canales (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Adrián Carbonetti (Universidad de Córdoba)
Carlos Carcelén Reluz (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Iván Caro Acevedo (Pontificia Universidad Católica del Perú)
José Manuel Carrasco Weston (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Matthew Casey (University of California, Davis)
Jorge Ccahuana Córdova (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Talía Celi Velásquez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Joana Cervilla (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Luis Chávez Lara (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Ainin Chávez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Valentín Chillihuani Tito (Universidad Antonio Ruiz de Montoya)
Daniel Córdova (Universidad Nacional Enrique Guzmán)
César Cortés Mosquera (Universidad Nacional Federico Villarreal)
Jesús Cosamalón Aguilar (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Miguel Costa Vigo (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Marco Curatola Petrocchi (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Joseph Dager Alva (Universidad Antonio Ruiz de Montoya)
Ombeline Dagicour (Université de Geneve/Paris I)
Frenchy Julissa D'Arrigo Cajo (Universidad Nacional Federico Villarreal)Miguel Angel del Castillo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Erick Devoto Bazán (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Natalia Deza (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Genevieve Dorais (Université du Québec à Montreal)
Paulo Drinot (University College London)
Silvia Escanilla Huerta (University of Illinois, Urbana-Champaign)
G. Antonio Espinoza (Virginia Commonwealth University)
Augusto Espinoza (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Juan Miguel Espinoza Portocarrero (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Juan Carlos Estenssoro (Universidad de París III)
Tamara Feinstein (Saint Lawrence University)
Guillermo Figueroa Luna (Taller de Investigaciones en Ciencias Sociales, Chiclayo)
Javier Flores Espinoza (U del Pacífico)
Juan Fonseca Ariza (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas)
Iñigo García Bryce (State University of New Mexico)
Lourdes García Figueroa (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Marcos Garfias Dávila (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Cristina Gil de Sieira (Rutgers University)
Luis Miguel Glave (Instituto de Estudios Peruanos)
Karen Graubart (University of Notre Dame)
Martín Guadalupe (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Diana Guerra Chirinos (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Ricardo Guerrero Salazar (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Laura Gutiérrez Arbulú (Archivo Arzobispal de Lima)
Jaymie Patricia Heilman (University of Alberta)
Federico Helfgott Seier (Universidad Antonio Ruiz de Montoya)
Francisco Hernández Astete (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Patricia Herrera (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Jorge Huamán Machaca (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Edwin Huancahuari (Universidad Nacional Federico Villarreal)
María Claudia Huerta (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Lorenzo Huertas (Universidad Particular Ricardo Palma)
Luz Huertas Castillo (Farleigh Dickinson University)
Héctor Huerto Vizcarra (Asociación por la Cultura y la Educación Digital)
Rolando Iberico Ruiz (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Rafael Inurritegui (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Eliana Jacobo Mendoza (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Cameron Jones (California Polytechnic State University)
Juan Carlos La Serna (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Natalia Lara Acuña (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Dino León Fernández (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Adrián Lerner (Yale University)
Gino Lertora (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Livia Letts Benavides (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Fernando Lévano (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Alex Loayza Pérez (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Santiago Loayza Velásquez (Universidad Nacional San Antonio Abad)
Franco Lobo Collantes (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
David Luyo Venegas (USEL)
Diego Luza Fernández (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Helard A. Fuentes (Universidad Nacional San Agustín)
Natalia Majluf (Museo de Arte de Lima)
Alejandro Málaga (Universidad Nacional San Agustín)
María Emma Mannarelli (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Bruce Mannheim (Universidad de Michigan)
Nelson Manrique Gálvez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Cecilia Méndez (University of California, Santa Barbara)
Michael I. Mendieta (Escuela de Bellas Artes)
Mario Meza Bazán (Universidad Antonio Ruiz de Montoya)
Albert Mijä Hernández (Universidad Nacional Federico Villarreal)
Cynthia Milton (Université de Montreal)
Elizabeth Montañez Sanabria (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
Kelly Montoya Estrada (Universidad Nacional Federico Villarreal)
Jorge Moreno Matos (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Giancarlo Mori (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Margareth Najarro (Universidad Nacional de San Antonio Abad)
Raúl Necochea (University of North Carolina, Chapel Hill)
Valeria Neves Carrillo (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Roberto Niada (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Victor Nieto Bonilla (Consultores Sociales de la Región Central)
Claudia Núñez Flores (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Yeny Olazábal Navarro (Universidad Nacional San Antonio Abad)
Patricia Palma Maturana (University of California, Davis)
Luis Pérez (Universidad Nacional Agraria La Molina)
César Pérez Albela Stuart (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Giovanna Pignano (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Adolfo Polo y La Borda (University of Maryland, College Park)
Liz Ponce (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Ricardo Felipe Portocarrero Grados (U Pacífico)
Bianca Premo (Florida International University)
Javier Puente (Pontificia Universidad Católica de Chile)
José Carlos de la Puente (Texas State University)
Jaime Pulgar Vidal Otálora (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Lissell Quirós (Universidad de Rouen)
Juan Ramírez Aguilar (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
José Ragas Rojas (Cornell University)
Gabriela Ramos (University of Cambridge)
Omar Ramseyer (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Liliana Regalado (Pontificia Universidad Católica del Perú)
José Luis Rénique (Lehman College, City University of New York)
Mark Rice (Baruch College, City University of New York)
Mónica Ricketts (Temple University)
Guillermo Rivas (Universidad Nacional de Ingeniería)
Javier Robles (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Gabriela Rodríguez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Paloma Rodríguez Sumar (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Fred Rohner Stornaioulo (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Omar Rojas Herrera (Universidad Nacional Federico Villarreal)
Rolando Rojas Rojas (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Gonzalo Romero Sommer (Stony Brook University)
Juan Pablo Ronco (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Laura Rosalino Vera (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Augusto Ruiz Zevallos (Universidad Nacional Federico Villarreal)
César Sáenz Suárez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Lucy Janeth Sanchez Ramos *Universidad Mayor de San Marcos(
Javier Saravia (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Joshua Savala (Cornell University)
Raúl Silva (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Natalia Sobrevilla Perea (University of Kent)
Matteo Stiglich (Columbia University)
Pablo Talavera (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Yukyko Takahashi (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Fabrizio Tealdo Zazzali (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Luis Tello Vidal (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Patricia Temoche Cortez (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Víctor Torres Laca (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Abel Traslaviña Arias (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Gerardo Trillo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Augusto Martín Ueda (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Jorge Valdez Morgan (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Augusta Valle (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Estefanía Vargas Aparicio (Pontificia Universidad Católica del Perú)
José Vásquez Mendoza (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
David Velásquez Silva (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Teresa Vergara Ormeño (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Angela Vilca Aparicio (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Charles Walker (University of California, Davis)
Adam Warren (University of Washington, Seattle)
Pablo Whipple (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Brunella Yzú (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Antonio Zapata (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Odaliz Zelada (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)


Actualizado 24/5, 15:09

martes, 27 de octubre de 2015

Cuando las FF.AA. pidieron perdón a los peruanos


Saben que este gobierno no es golpista, pero deben asustar a los incautos porque estamos en época electoral. Saben que los últimos golpistas que manejaron a su antojo a las fuerzas armadas fueron Fujimori y Montesinos, pero no lo dicen porque estamos en época electoral. Saben que los militares de ahora no firman actas de sujeción como lo hicieron durante la dictadura fujimorista, pero no lo dicen porque estamos en época electoral. En su momento, las fuerzas armadas pidieron perdón a los peruanos por someterse al fujimorismo. Ahora les toca a los peruanos pedir perdón al Perú por apoyar durante diez años al dictador más corrupto de la historia.

LAS FF.AA. PIDEN PERDÓN A LOS PERUANOS

Pronunciamiento de la Fuerzas Armadas luego del destape del Acta de Sujeción

"Los señores comandantes generales de los institutos de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional del Perú, ante la exhibición de vídeos que muestran a oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional suscribiendo un Acta de Acuerdos del CC.FF.AA., expresan lo siguiente:

1.- El 13 de marzo de 1999 se suscribió, un acta en la que se acordaba, entre otras cosas respaldar el golpe del 5 de abril de 1992, y la conducta del gobierno de facto de Alberto Fujimori Fujimori y de quienes comandaban las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las leyes de amnistía que liberan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en la lucha antiterrorista asumiendo, en ambos casos, el compromiso de defender y proteger, individual e institucionalmente a cualesquiera de sus miembros por responsabilidades derivadas de dichos actos, en cualquier tiempo, confiriéndole el carácter de un compromiso de honor personal e institucional.

2.- El acta, en cuestión, que refleja la situación de grave menoscabo institucional que afectó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se explica a luz de los siguientes hechos: a) La violencia terrorista que enfrentó a los peruanos, durante 20 años, fue el pretexto que usó el gobierno de facto, a partir del 5 de abril de 1992, para sobredimensionar el SIN y para someter a control absoluto de éste no sólo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sino a los órganos del poder constitucional. Para este objeto, Alberto Fujimori Fujimori permitió y avaló la injerencia indebida y creciente de Vladimiro Montesinos Torres, quien sometió, paulatinamente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al control del SIN con el consentimiento de los ministros de Defensa y del Interior y de los comandantes generales de los diferentes institutos. Dicho proceso se facilitó durante los siete años continuados en que el general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos ejerció las funciones de comandante general del Ejército y de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, situación que prosiguió posteriormente. Fue durante esta etapa que se produjo un grave proceso de cooptación, sujeción y corrupción que alcanzó no sólo las Fuerzas Armadas sino todos los poderes constitucionales e incluso a empresarios y otros sectores de la sociedad civil. b) Como consecuencia del proceso de deterioro institucional antes descrito, en el mes de marzo de 1999, los señores oficiales generales, almirantes, coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional asistieron a la Base Aérea de Las Palmas, en cumplimiento de órdenes emitidas por quienes en ese momento desempeñaban los cargos de comandantes generales de sus respectivos institutos y el de director general de la Policía Nacional. Participaron de la mesa directiva los ministros de Defensa y del Interior, el presidente del CC.FF.AA., los comandantes generales ya señalados, el jefe del SIN y el asesor del SIN Vladimiro Montesinos. c) Las mencionadas reuniones se llevaron a efecto dentro de las características siguientes: - La orden de convocatoria no indicaba el motivo de la misma, pero señalaba la obligatoriedad de la asistencia. - Los documentos que se suscribieron fueron redactados con antelación sin haber sido sometidos a debate en dichas reuniones procediéndose simplemente a su lectura. - La suscripción de los documentos fue dispuesta por la Mesa Directiva en forma intimidatoria y coercitiva tal como se aprecia en la visualización de los vídeos sin permitirse ningún tipo de ponencia u observación invocándose además para tal efecto la disciplina, lealtad y cohesión institucional.

3.- Por razón de las circunstancias en que se suscribieron los documentos en cuestión y sin ánimo alguno de exculpación, los actuales comandantes generales consideran que son írritos, que no representan ningún compromiso de honor que vincule a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional individual o institucionalmente y que por ende no pueden ni deben ser respetados por ellos mismos ni por las instituciones que representan, ya que no expresan la libre y auténtica voluntad de los firmantes y además violan principios y normas del Estado de derecho.

4.- Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Ejército del Perú, Marina de Guerra, y el director general de la Policía Nacional se encuentran firmemente comprometidos en la ejecución de acciones que conllevan al sinceramiento de la situación que afecta a nuestras instituciones y, en especial, al proceso de moralización impulsado por el gobierno constitucional de transición. En tal sentido, se ha procedido a investigar y denunciar los hechos que implican comisión de delitos, en las instancias judiciales correspondientes, además de colaborar con todas las investigaciones dispuestas por el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

5.- La demostración indiscutible de ese espíritu es la conducta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el reciente proceso de elecciones generales del 8 de abril último. En ellas han mantenido un comportamiento que la opinión pública y todos los organismos de observación internacional han considerado ejemplar, evidenciando así los esfuerzos realizados por la recuperación institucional, en armonía con los nobles ejemplos de Bolognesi, Grau, Quiñones y Mariano Santos, inspiradores de su vida institucional.

6.- Consecuentes con los hechos señalados, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en solemne e inequívoco gesto de rectificación, y sin perjuicio de cualesquiera responsabilidades declaran: a. Su rechazo y condena a la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992, así como la de todo acto o compromiso que podría menoscabar las bases éticas y jurídicas del Estado de derecho y su repudio a prácticas inmorales en la administración de los recursos del Estado o en el manejo de la política del gobierno. Lamentan que algunos de sus miembros incurrieran en infracciones personales que no pueden ni deben afectar la gloriosa tradición de sus instituciones que comparten y compartirán los ideales democráticos que dieron nacimiento a la República. b. Su firme determinación de seguir actuando con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes de la República y su absoluta subordinación al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. c. Su compromiso de cumplir sus funciones dentro del marco de respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores morales y, en consecuencia, de combatir firme y permanentemente cualquier indicio de corrupción o inconducta en la vida institucional que comprometa tales valores y principios. Por ello, respaldan las iniciativas destinadas a la formación e instalación de una comisión de la verdad que permita la unión y reconciliación nacionales, fundada en la justicia y una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevó a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional. d. Finalmente, su propósito de reivindicar valores y tradiciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y de perfeccionar sus instituciones para contribuir más eficazmente a la defensa y al desarrollo nacional y al fortalecimiento del estado constitucional y de la democracia en el Perú.

7.- Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional del Perú, recogiendo el sentir de sus instituciones, ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general, por todos los hechos que, en el pasado reciente, hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional. Esperan, asimismo, que la ciudadanía reconozca en este acto de franca e histórica rectificación un gesto indispensable para cerrar una etapa negativa en nuestra historia y abrir así el camino a una era de genuina paz, fundada en el culto de los valores éticos y democráticos y en la unión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el pueblo para la construcción de una sociedad auténticamente libre y justa.

8.- Finalmente los suscritos, comandantes generales y director general de la Policía Nacional, consideramos pertinente poner nuestros cargos a disposición del jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Lima, 16 de abril del 2001 Armando Santisteban de la Flor, director general de la Policía Nacional del Perú; Carlos Tafur Ganoza, comandante general del Ejército; Víctor Ramos Ormeño, comandante general de la Marina y Pablo Carbone Merino, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general de la Fuerza Aérea".


(Reproducido en Resumen Semanal, No. 1118, Lima, 18-25 Abril 2001.)


domingo, 25 de octubre de 2015

Los hijos del electrocutador


Kenji Fujimori dice que su madre no fue torturada sino que le aplicaron un proceso de rehabilitación oriental llamado "moxibustión". Kenji, pues, desmiente las denuncias de su madre ante varios medios y su declaración ante el Congreso. Por esa razón transcribo lo que dijo Susana Higuchi en sesiones reservadas de la Comisión presidida por el congresista Mauricio Mulder e integrada por los congresistas Pedro Morales, Carlos Almerí, Dora Nuñez y Daniel Robles:

CUESTIONES DE HECHO

1.- La congresista Susana Higuchi Miyagawa, en sesiones reservadas, declaró en resumen lo siguiente:

“Yo he venido a servir a la Patria, no he venido acá a servirme o a robar a nadie, y entonces le decía a él –refiriéndose a AlbertoFujimori- lo negativo de palacio, y la orden era desaparecerme fuere lo que fuere”.

“Efectivamente él, el mismo Fujimori de manera personal, echó Pharation en los aparatos de aire acondicionado de la alcoba presidencial”, señalando que, como consecuencia de haber llegado a inhalar parte del indicado veneno, sintió “nauseas y no podía respirar”.

“En una oportunidad anterior me trato de agredir con un machete, antes de entrar al desayuno, y en una actitud así y con una cara endiablada, y tuve que gritar los nombres de mis amigas quienes vinieron corriendo”.

“Ya narré la vez pasada lo de las comidas envenenadas, una me produjo una úlcera. También me daba medicamentos y los hice examinar y eran adulterados”.

“Me tumbaban y me comenzaban a golpear en los brazos, en las piernas, y no sé qué me pondrían en la nariz y en la boca –éter o formol, menciona más adelante- y ya me llevaban medio atontada”, a que le aplicaran electroshock.

“Con violencia me llevaron a un sótano –en el Cuartel General del Ejército- donde no se podía percibir un ápice de luz… una tortura hasta que caí desmayada, cuando me desperté no sabía dónde estaba”.

“Sufrí torturas con electroshock... fue luego de la denuncia de la ropa donada, luego del autogolpe, y dentro de los cuatro meses que me mantuvieron encerrada en el Pentagonito, en el Servicio de Inteligencia del Ejército”, precisando que la duración de estos atropellos tenía una duración de dos a tres horas, “mientras que me amarraban, hasta que me torturaban y luego me ponían el electroshock”.

“El presidente de aquel entonces y mis cuatro hijos se fueron al SIN, al Servicio de Inteligencia Nacional en Chorrillos y me dejaron sola –en la residencia de Palacio de Gobierno, donde fue confinada- sin agua, sin luz, sin teléfono y sin ingresar mi cotidiana compra de alimentos para yo poder cocinar”, agregando que cuando escapó su amiga René de Odría la encontró con 38 kilos de peso.

“Pero cuando Vladimiro Montesinos me dice que él ha estado metido en todo, que él admite que ha estado metido en muchas cosas negativas, pero que no en narcotráfico ni en crímenes de lesa humanidad, yo dije: Ah no, éste está mintiendo. Él aceptó cumplir órdenes del expresidente Fujimori”.

2.- El doctor Luis Abelardo Renteros Pineda, abogado de la entonces Primera Dama de la Nación, ha corroborado sus declaraciones, atestiguando ante la comisión que:

“Eso demuestra una serie de hechos que poco a poco se va vislumbrando –en el sentido- que lo que decía Susana en ese entonces era cierto: persecución, acoso psico-social y todo lo demás, e intento de asesinato”.

Al respecto, debe señalarse que no se ha podido concluir la investigación de este caso, en razón de no haberse podido identificar a todas las personas que podían estar implicadas en la comisión de los delitos, tarea que merece ser abordada y que debería encausarse hacia alguna de las alternativas que en su momento sea aprobada por el Pleno del Congreso, para dar tratamiento y curso a los temas pendientes.

En tanto ello se decida, y siendo este informe uno de carácter final que no puede suponer una contingencia aún no ocurrida, estimamos que lo actuado debe remitirse al Ministerio Público, para los fines de investigación y acusación correspondientes.

CONCLUSIÓN

Existen indicios razonables que Alberto Fujimori Fujimori habría incurrido reiteradamente en tentativas de uxoricidio en agravio de Susana Higuchi Miyagawa, en ese entonces su cónyuge, así como que tuvo conocimiento, dispuso y/o consintió que fuese secuestrada, acosada, perseguida y torturada.


Páginas 36, 37 y 38 del informe final de la Comisión Investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori (15 de junio del año 2002)